El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será acusado por al menos once delitos, entre ellos los de «crímenes contra la salud pública y la humanidad», según el senador Renan Calheiros, uno de los principales relatores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que investiga la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus en el país.
«Sólo en relación con el presidente de la República ya hemos seleccionado once tipos penales. Van desde crímenes de responsabilidad, pasando por delitos comunes, delitos contra la salud pública y también contra la humanidad», detalló Calheiros, quien además informó que hay otros 40 acusados.
En el caso de Bolsonaro, las propuestas de imputación -que presentará la comisión en un informe a debatir a finales de mes- deberán ser posteriormente ratificadas por la Fiscalía General del Estado, que según la Constitución brasileña es quien cuenta con potestad para iniciar acciones penales contra el presidente.
«Todos aquellos que tengan que ser acusados, les vamos a acusar. Vamos a enviar a los diferentes ministerios públicos las acusaciones y solo vamos a enviar al fiscal general de la república (Augusto Aras) a aquellos bajo la jurisdicción especial correspondiente», enfatizó Calheiros, senador por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
Si bien señaló que «por respeto» a las víctimas del coronavirus en Brasil no puede «seleccionar» a los imputados, está previsto que reciban la citación el líder del Gobierno en la Cámara de Representantes, Ricardo Barros, por «su participación en la negociación para adquirir vacunas».
Y también el diputado Osmar Terra, quien fue «una suerte de portavoz del negacionismo»; y además los médicos Nise Yamaguchi y Paolo Zanotto, «ilustres miembros del gabinete paralelo» de Bolsonaro.
Entre los principales candidatos a aparecer en esta lista de imputados también están el ex ministro de Salud Eduardo Pazuello, quien fuera su «número dos» Elcio Franco, y algunos responsables de la empresa médica Precisa Medicamentos, entre otros.
Brasil, pese a tener un presidente abiertamente antivacunas, tiene a un 72% de su población inoculada con al menos una dosis, una de las tasas más altas de la región.
